La honestidad de un ministro se defiende sola

El que esté atento puede advertir que los actos de corrupción descubiertos y encubiertos causan un deterioro acelerado del actual gobierno democrático y popular. La oposición, en cambio, socaba las bases de sustentación de este régimen, pero lo que consigue es menos visible y menos rápido.
Es que son más las limitaciones que las posibilidades de la oposición, interna y externa, que a su modo ejecuta su papel destinado a derrotar a Evo Morales y a impedir los cambios. Sin embargo, ni el gobierno ni quienes apoyamos a éste y al proceso de reformas avanzadas, debemos esperar que los opositores aplaudan las acciones gubernamentales, cuando éstas de veras implican un avance en la sustitución del viejo orden, por el nuevo, más allá de las limitaciones del último.
Dicho en otros términos: la oposición hace lo suyo, veamos:
Voceros del gobierno, como el Vicepresidente, con insistencia dicen que la oposición no tiene ni ideas ni propuestas. Aunque aquella es una verdad a medias, las pocas ideas y las pocas propuestas de la derecha (ésa es la oposición que cuenta, la de izquierda sufre de ceguera definitiva), acaso les baste para defender la añeja democracia de minorías, el viejo Estado en crisis, la caduca forma de producir y la mezquina manera de repartir lo producido…Si la oposición tuviera más ideas, al menos complicara la lucha ideológica la que, con frecuencia, es inexistente porque el intercambio de insultos (en sustitución de aquélla) nada aporta lo que, además, demuestra la escasa formación política de los actores principales de los cambios de este tiempo: campesinos e indígenas, y lo más consciente del pueblo.
La oposición carece de unidad, aunque estos días los que ven la película con más claridad en ese bando sugieren candidato único suyo para las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, la unidad, con los sobresaltos normales, se sobrepone en el campo de la derecha cuando ésta sale en defensa de sus intereses egoístas. Saludamos, nosotros, la falta de coordinación en el bloque opositor al gobierno, pero para lograr objetivos concretos, en él cierran filas, por ejemplo, cuando defienden los latifundios de Alto Parapetí (chaco cruceño), lugar en el que, sensiblemente, sectores populares (incluidos ganaderos pequeños y medianos) respaldan a los ganaderos grandes o se comportan neutrales ahora que éstos se empeñan en evitar la reversión de predios en los que existen relaciones de producción servidumbrales o de esclavismo moderno: trabajo sin salarios o éstos en especie, niños sin escuela pero con trabajo, enfermos sin atención médica, contratos de trabajo inexistentes. Sabemos que el poder económico de los opositores criollos se encuentra casi intacto, entre otras cosas, porque el neoliberalismo se conserva casi en su integridad y demoran las medidas que debieran empezar, al menos, las alteraciones positivas que den paso a una economía de transición o de carácter social y que aseguren un crecimiento de la riqueza boliviana de manera que, efectivamente, sea posible vivir bien, como reza aquella consigna gubernamental. Ese poder económico de las clases sociales, todavía dominantes en Bolivia, es la base material de la reproducción del poder político de los grupos desplazados hace tres años.
En el ámbito político, la oposición anti Evo también consigue algunos resultados que suma a su haber, aunque pocos y parciales. Nos referimos a la conspiración de la derecha, entendida como unión de ésta contra el gobierno, la que con apoyo yanqui trató de aplastar a Evo Morales en las urnas (2005); luego hizo lo que pudo para que el Presidente, elegido por el 53,7 por ciento de los votos, asuma el gobierno precedido de algún descrédito porque “ni siquiera es bachiller”; instalado en el casa de gobierno, aquella derecha apostó a que Evo no duraría más de tres meses; luego la oposición culpó de autoritarismo al gobierno; que éste sólo se ocupa de la política y no de la economía (como si fueran separables a capricho); la misma derecha, con aliento yanqui, intentó un golpe para “acabar con el indio” (2008); ahora aquélla afirma que el gobierno es totalitario, que viola la nueva Constitución Política del Estado, y muestra como señal de ello medidas desafortunadas como la detención, en Pando y en “horas de la noche”, de presuntos delincuentes, y algunos decretos gubernamentales que buscan la aplicación apurada de la reciente Ley Fundamental, la principal reforma jurídica y política de este tiempo. Cabe recordar que la oposición, más allá de sus potencialidades (de las que no hablamos porque no es el propósito de esta nota), carece de liderazgo único y nacional; no tiene unidad orgánica porque la que aportan los comités cívicos es insuficiente; sus diferencias, que también son materiales, no les permite asumir un programa totalizador; la organización gremial de los empresarios, con los grupos operativos de corte paramilitar como la Unión Juvenil Cruceñista, menos mal que no tiene la dimensión del partido político de la derecha, como existe en otros países de nuestra América; el apoyo externo que buscan los derechistas no les llega, como a los cambios bolivianos…
En materia política, sin embargo, la oposición tiene algo así como “reservas indirectas”: los errores del gobierno, las insuficiencias de éste, la descoordinación de los gobernantes. Acaso lo más importante que favorece a la derecha: la unidad insuficiente, la débil organización, la limitada conciencia política de los actores principales de los cambios en Bolivia; esto último evidencia con regularidad que la espontaneidad es lo predominante en el accionar cotidiano de la fuerza motriz de los cambios la que, sin embargo, no alcanza a desencadenar toda su potencialidad. A ello se agrega lo que señalan compañeros de izquierda que apoyan al proceso y al gobierno: los movimientos sociales han perdido su capacidad de interpelación hacia el gobierno y hacia su líder.
La lucha contra los actos de corrupción descubiertos y encubiertos es una bandera que la derecha pretende enarbolar, a pesar de que su comportamiento fue, siempre, de encubrimiento, es decir, consiguió la impunidad para los corruptos a los que siempre protegió, incluidos aquellos que fueron encontrados con las manos en la masa: “Chito chatarra”, es el caso demostrativo de que, aunque la derecha ha sido desplazada del poder político los jueces, como operadores suyos, actualmente siguen favoreciendo al yerno de Hugo Banzer Suárez, aunque sólo sea con la dilación del trámite de un juicio que debió declarar culpable al que vendió unidades de transporte de la Prefectura de La Paz, como si se tratara de chatarra.
La verdadera lucha contra la corrupción que, a pesar de ciertos desatinos, es emprendida por el gobierno, debe continuar en tres direcciones: tiene que ser una actividad cotidiana para enfrentar a la millonaria, como la que de acuerdo a los indicios cometió S. Ramírez; a la que practican dirigentes de movimientos sociales y la que cometen funcionarios de tercera clase en ministerios y otras oficinas públicas. No se debe aceptar ningún tipo de convivencia con los corruptos (y los corruptores), pese a su capacidad de oferta de éstos y pese a la posibilidad de venta indigna de los otros.
La corrupción (lamentable aunque posible entre los revolucionarios de este último tiempo, según muestra la vida), denunciada, investigada (sólo en parte), a procesarse y sancionarse con todo el rigor de la ley, ni siquiera en apariencia debe ser defendida desde el gobierno, aunque lo que sucedió con el informe de los senadores puede ocasionar dudas y desaliento.
Ese informe de los senadores sobre la corrupción en YPFB, aprobado por oficialistas y opositores, que recomienda que se investigue a dos ministros, un ex ministro y al actual Superintendente de Hidrocarburos, debió ser asumido conforme fue aprobado. No se trata de un pliego de cargos o de un acta de acusación; aquella comisión parlamentaria no tiene mandato para comportarse como cabeza del Ministerio Público.
Además, se supone que los senadores del MAS aplican un acuerdo sobre un asunto que no era agua de toronjil (como se canta en Tarija). A falta de línea, se piensa que los senadores oficialistas debieron consultar el borrador del informe a determinada dirección, antes de firmarlo y, si no lo hicieron, eso explica otra descoordinación, para decir lo menos.
Aprobado el informe, dos senadores masistas (que pueden equivocarse porque son terrenales y ya no tienen ni tiempo ni posibilidades para convertirse en dioses infalibles) han sido desautorizados por el Vicepresidente y por el Presidente de la República y, luego, motejados de “cojudos” por otro parlamentario con una hoja deservicios, previa a su militancia masista, que algunos aconsejan olvidar, así como con “hazañas” recientes que repugnan, de acuerdo a otros.
Los senadores masistas, cuya lealtad a la causa de Bolivia que cambia no sería fácilmente demostrable si se pusiera en duda su integridad, se ven en la incómoda obligación de retirar sus firmas de un informe que aprobaron y rubricaron, antes de que el resultado del trabajo de la comisión investigadora llegue a la reunión de la llamada Cámara Alta.
Nos preguntamos, qué quería el gobierno: ¿Qué en esa comisión o entre los senadores, los opositores se pidan disculpas o concedan “un aval” a funcionarios públicos que cuando menos debieron anoticiarse de la aplicación de la política hidrocarburífera, cuya responsabilidad principal estuvo a cargo de alguien, aparentemente corruptible, como Santos Ramírez?
La defensa que hizo el presidente Evo Morales de sus ministros, se puede considerar que está en su derecho la que, desde la oposición, se puede leer como un intento de encubrimiento y desde los que apoyamos al proceso y al gobierno tomamos nota de esas explicaciones de honestidad de aquellos funcionarios públicos con profunda preocupación, por una razón sencilla: la honestidad de un ministro se defiende sola. Además, si eventualmente averiguan la actividad de funcionarios públicos y, como resultado, son encontrados limpios, merecerán el premio de la satisfacción pública del pueblo, la que vale más que piropos anticipados.
Incluso cuando, con argumentos políticos y legales, la derecha condena a un revolucionario de manera injusta, como ocurrió con Fidel Castro, es la historia la que absuelve a esa gloria cubana y latinoamericana. Nosotros, desde nuestra modesta trinchera, siquiera podemos soñar con funcionarios públicos que, condenados por la justicia burguesa sean, pronto, absueltos por la historia. Es que la honestidad de un ministro de Evo Morales tiene que defenderse sola, eso postulamos desde aquí.
La Paz, 7 de marzo de 2009.